(Sin Embargo)
Ciudad de México.- Rosa “N”, obrera con educación hasta sexto año de primaria, madre soltera y habitante de un municipio marginado de Zacatecas, fue drogada y presuntamente violada por un alto mando de la policía ministerial del estado dentro de una patrulla. Al siguiente día amaneció en una unidad de urgencia sin saber lo que había pasado. Presentó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero el entonces Director de Investigaciones, Jesús Valerio Pérez, le pidió a la agente del Ministerio Público encargada del caso en aquel entones Fátima Encina Arroyo, “no perjudicar al comandante por ser una persona eficiente”, y porque, le dijo, la mujer que lo acusaba lo que buscaba era dinero, acusaron mujeres miembros de colectivos.
El Instituto de Ciencias Forenses de la Procuraduría estatal realizó las pruebas de peritaje a la víctima. Los resultados, que suelen tardar semanas, fueron recibidos por Encina Arroyo en dos días y fueron supuestamente negativos. Ante ello, Rosa “N” decidió salir del estado y no continuar con la denuncia.
“Hubo injerencia por parte de las autoridades de la Procuraduría estatal para que no se hiciera justicia en este caso y no se demostrara a través de las pruebas periciales el caso de presunta violación”, aseguró en entrevista Mara Muñoz Galván, quien en marzo renunció a la dirección del Centro de Justicia para las Mujeres en Zacatecas ante las irregularidades dentro del órgano. Lleva más de dos meses denunciándolas para evitar que se vuelva “un hoyo más de impunidad” dentro de la procuración de justicia.
Jesús Valerio Pérez no sólo no fue investigado ni destituido de la dirección de investigaciones, sino que fue promovido a Subprocurador de Investigaciones, el puesto más importante de la instancia después del Procurador Francisco Murillo Ruiseco, externó.
Frente a la renuncia de Mara, presentada en una carta enviada al Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, la respuesta fue “el absurdo”, evaluó. Se le invitó a hacer una denuncia formal sin ninguna garantía de protección a pesar de que estaba acusando a personas de muy alta jerarquía y casos de abusos sexuales de comandantes de la policía hacia policías ministeriales. Algunos sí fueron destituidos y Mara Muñoz quedó como la principal promotora y “me ponían como carne de cañón”.
El jueves 15 de junio pasado, el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, nombró a Fátima Encina Arroyo como la nueva directora del Centro de Justicia para las Mujeres en la entidad, sin consultar a los colectivos de mujeres zacatecanas inconformes.
“¿El silencio de esta funcionaria [quien llevó el caso de Rosa “N” y cubrió al presunto violador] es lo que la lleva a ocupar hoy día la titularidad del Centro?”, cuestionaron al menos 11 colectivos de mujeres activistas, feministas y académicas en una carta entregada ayer a Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien se comprometió a agendar un encuentro con el Gobierno del estado y con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, para darle cauce a sus demandas e investigar este y otros casos que se han revelado.
