(EFE)
México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó hoy el espionaje digital y acoso a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos en el país.
Estos hechos constituyen, entre otras violaciones, la “injerencia arbitraria en la vida personal” que están prohibidas por el derecho internacional y sostuvo que se debe investigar y hacer que los responsables rindan cuentas, sostuvo la ONU-DH en un comunicado.
La ONU-DH calificó de “profundamente preocupantes” estos hechos de espionaje, además de señalar que hacerlo resulta “especialmente grave” por el papel que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas desempeñan en un Estado democrático de derecho.
El diario estadounidense The New York Times publicó el pasado lunes que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas eran espiados a través de sus teléfonos con un spyware que solo podía ser adquirido por Gobiernos.
“El uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal” refirió Jan Jarab titular de la Oficina ONU-DH en México.
La organización pidió garantizar “una investigación efectiva de los casos de espionaje y acoso contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos” en el país y divulgar los nombres de las oficinas que disponen de esta tecnología.
Respaldó el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para aplicar medidas cautelares y puntualizó que “toma nota” del anunció de la PGR de investigar estos hechos. La ONU-DH alentó a la PGR a que esta investigación “se realice de forma pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación” y que se informe a la sociedad de los avances de la misma. Asimismo, expresó su solidaridad con todas las personas que han sido víctimas de este tipo de injerencia arbitraria en su vida personal.
La Fiscalía mexicana aseveró que investigará el supuesto espionaje cometido contra periodistas y activistas por parte del Gobierno mexicano, y que tratará de precisar quiénes enviaron los mensajes que llevaban la instalación de un programa informático en los teléfonos móviles de los afectados.
