Jaime Hernández
[San Luis Hoy]
La alcaldía de Santa María del Río acusó a Fernando Barrera Guillén, actual jefe de la Unidad de Información de la Auditoría Superior del Estado (ASE), de hostigar al Ayuntamiento para obligar al pago de un laudo laboral, pese a que él renunció al cargo de contralor municipal en 2009.
Para ello, se vale de su cargo en la auditoría y del presunto apoyo de su hermano Manuel Barrera Guillén, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para presionar el pago de 1.9 millones de pesos.
Lo anterior es descrito en un documento firmado por el síndico municipal Froylán Loredo Mayo, entregado a este diario, en el que acusa al funcionario de simulación, tráfico de influencias, fraude procesal y embargo de recursos federales.
En el texto, señala que, según consta en el acta de Cabildo del 19 de marzo de 2009, esa instancia aprobó la solicitud de renuncia por “motivos personales” presentada por Fernando Barrera al cargo de contralor municipal que entonces ocupaba.
Pero ese mismo año, explica el texto, Fernando Barrera interpone una controversia laboral, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, por la que en 2012, se condena a la alcaldía a pagar 1.9 millones de pesos de indemnización.
El síndico señala que esa decisión se logró “a través de argucias legaloides” y con “la complicidad con el entonces presidente del TECA”.
Fernando Barrera embargó ocho cuentas del Ayuntamiento, que según Loredo Mayo, corresponden a recursos federales etiquetados para el combate a la pobreza, presuntamente inembargables.
El documento del síndico señala que Fernando Barrera propuso al Ayuntamiento de Santa María solicitar un préstamo para pagarle, cuya aprobación legislativa sería gestionada con su hermano, el diputado Manuel Barrera.
