AP
AustiN, TEX.- Aunque el sector de la construcción tiene una alta demanda en la próspera capital de Texas, la compañía colocadora de paneles de yeso de Oscar Martínez comenzó de súbito a tener problemas.
Un tercio de los cerca de 20 empleados que Martínez utiliza para construir casas e instalaciones comerciales huyeron recientemente del estado, temerosos de la política migratoria del gobierno de Donald Trump y de la ley contra las “ciudades santuario” aprobada el mes pasado por la legislatura locale, donde los republicanos son mayoría. “Me afectó bastante, ya que mis trabajadores comenzaron a escuchar historias disparatadas sobre deportaciones, y les entró el pánico”, dijo Martínez, que depende de inmigrantes sin autorización para llevar a cabo su trabajo y no ha podido hallar a quienes los reemplacen para la pesada y precisa labor que necesita.
“Los estadounidenses que contrato no aguantan más de medio día en este trabajo” dijo.
“Hay proyectos atrasados porque no tenemos mano de obra”, declaró Frank Fuentes, presidente de la Asociación de Contratistas Hispanos de Estados Unidos, con sede en Austin. “Cuando la paranoia golpea este segmento de la comunidad, afecta mucho al sector”.
“Recibo a diario llamadas de preocupación” de estados como California, Georgia y Florida sobre escasez de personal, señaló Fuentes. Pero la nueva ley en Texas causó una crisis extrema, que sigue empeorando.
“Es curioso porque saben que estos trabajadores son necesarios”, afirmó Fuentes en referencia a los legisladores estatales. “Pero Aun así no los quieren, es contradictorio”.
El problema es particularmente notorio en Texas porque es un estado conservador y tiene una de las poblaciones más grandes de inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos. La nueva ley implica que la policía puede detener a cualquier persona ante la sospecha de que pueda ser un ilegal.
