Por Porfirio M. López
Los recientes vídeos donde se exhiben a integrantes de la actual Legislatura potosina haciendo arreglos para sanear cuentas públicas municipales, son parte de una tradición perversa de nuestra fallida democracia. No se trata de exhibir a Enrique Flores, Óscar Bautista, Manuel Barrera o José Guadalupe Torres como corruptos, sino de exponer la crisis legislativa y la inmoralidad política que se vive en todas las entidades federativas.
Lo que se ve y se oye en el vídeo de los días pasados, forma parte de una práctica recurrente que vienen realizando todos los integrantes de los partidos políticos en el Congreso de la Unión y en el interior de las legislaturas locales y que para muchos ciudadanos lo expuesto por el diputado Flores era una especie de “vox populi”. Ya sea para realizar una obra pública, para sanear las finanzas públicas municipales, para licitar la construcción de un hospital, para edificar un aula de clases, para introducir un sistema de drenaje o para beneficiar a algún familiar en el andamiaje de la administración pública o para cabildear con la Auditoría estatal, la ruta es un camino empedrado de prácticas al margen de la legalidad.
En ese sentido no se trata de acusar a tal o cual legislador de corrupto e incendiar las redes sociales con la reproducción de un vídeo, el tema de fondo es demostrarle y fincarle un delito. Se sabe y es conocido desde que se hicieron populares las encuestas sobre civismo y democracia, que la percepción de un representante popular en México es sinónimo de corrupto, ratero, inmoral, impresentable y que utiliza su puesto para enriquecerse o para retorcer los preceptos constitucionales.
Si partimos de esa percepción, lo que se hace y discute en una oficina de un diputado a muchos ciudadanos medianamente informados no les hace salir a la calle para exigir la renuncia de los integrantes de la legislatura. Al contrario, ese ciudadano se conformará con hacer “viral” el vídeo en su red social, comentarlo en un café o restaurante y mantener la percepción que así es la clase política en San Luis Potosí, en todo el país y no hay manera de rehacerla bajo esquemas morales o códigos de ética.
Vídeos y audios van y vienen en los medios impresos y digitales. Acusaciones de corrupción legislativa inundan los pasillos de la redacción de los periódicos. Prácticamente todos los partidos políticos y sus representantes populares han sido “pillados” realizando acuerdos al margen de la ley. Quién no recuerda la declaración del diputado Ernesto Núñez del Partido Verde, asegurando que cobró un “moche” porque se le hizo fácil o apenas hace dos años legisladores de oposición de Zacatecas quejándose que no les ha llegado su bono de cien mil pesos por haber aprobado el presupuesto gubernamental.
Hoy prácticamente los denominados “moches” legislativos o los “diezmos” que se cobran por favores, se han vuelto una práctica común. Tan solo el año pasado se reveló que el monto legislativo por esa práctica ascendió a 33 mil 686 millones de pesos, mismos que los diputados federales podían utilizar para repartir entre sus respectivas bancadas y de ahí cabildear con presidentes municipales para imponer condiciones de corte político-electoral.
En el interior de las legislaturas locales existe demasiada opacidad, la discrecionalidad para entregar y disponer de recursos públicos y la abundancia de dinero que sale de los impuestos que pagan todos los ciudadanos es un espiral que no tiene fin. Con esas informalidades a cuestas, todos los partidos políticos usan, abusan y disfrutan de los “moches” legislativos.
Hoy eso no se resuelve con renuncias de funcionarios o legisladores, con denuncias en redes sociales o con más vídeos, se resuelve mediante procesos legales que terminen con los involucrados pagando las consecuencias de sus actos, pero como eso no llega, tendremos que seguir soportando los olores de la pudrición y de la inmoral actividad legislativa.
