Jaime Hernández
[Huasteca Hoy]
SAN LUIS POTOSÍ. La pasada legislatura detectó incumplimiento parcial en el decreto original de concesión del servicio de alumbrado público al consorcio encabezado por Panavi, por considerar que presentaba carencias, confusiones e insuficiencias que, advirtió entonces, podrían generar consecuencias legales para la Alcaldía.
De esto fue enterada la LXI Legislatura, que, sin embargo, votará el jueves un dictamen aprobatorio de las adecuaciones realizadas por el actual Ayuntamiento al contrato, que mejoran notoriamente las condiciones para las empresas beneficiadas.
El Ayuntamiento actual, encabezado por Ricardo Gallardo Juárez tampoco realizó las adecuaciones ordenadas en el acuerdo citado, cuya copia tiene este medio.
El documento fue emitido por la comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Desarrollo Sustentable de la LX Legislatura el 11 de agosto de 2015, en vísperas de la llegada de los actuales diputados.
El acuerdo concluye que la pasada administración municipal encabezada por Mario García Valdez, incumplió en parte el decreto legislativo 953, en el que se autorizaba modernizar el sistema de alumbrado público a tecnología led, vía una concesión a Panavi cuya contraprestación sería de mil 300 millones de pesos.
Dicho incumplimiento, advertía la anterior legislatura, podría generar consecuencias legales, pues señalaba que las cláusulas que establecían los plazos, términos y condiciones de la contraprestación resultaban “confusas y oscuras”, lo que podría propiciar una errónea aplicación que podría derivar en alguna consecuencia legal para la Alcaldía.
Los legisladores también observaron que el Ayuntamiento no elaboró un programa municipal de infraestructura ni incluyó el gasto en el presupuesto municipal 2015, violando la prohibición establecida en la Ley Orgánica del Municipio Libre.
de no realizar ningún pago que no haya sido establecido en el Presupuesto de Egresos.
Asimismo, hace notar la discordancia entre el cálculo inicial del Ayuntamiento sobre el monto de la inversión, que era de 300 millones de pesos, pero que en la licitación, se le pagaría el doble al consorcio beneficiado.
El contrato original también adolecía de la ausencia de parámetros de evaluación y supervisión de los servicios objeto del contrato.
Entre sus conclusiones, las comisiones de la pasada legislatura indicaron que “las condiciones del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Empresa son sustancialmente distintas a la solicitud de autorización aprobado por el Congreso del Estado”.
