CON todo y que el semáforo de San Luis Potosí respecto al Covid-19 está en rojo, porque el nivel de contagio es alto, queriendo decir que no se puede regresar a las actividades económicas, en Ciudad Valles y otros municipios ya se quedaron con la idea de que el lunes 1 de junio se regresa a las actividades y le darán para adelante, con las medidas de restricción para prevenir más infecciones del coronavirus…
LA Secretaría de Salud puede que advierta cada mañana sobre los peligros de no seguir tomando las medidas como sana distancia o el lavado de manos, pero no podrá vigilar el desorden que se armará porque la idea de los comerciantes, proveedores y prestadores de servicio es la de regresar, medidos en número de clientes y reservados sobre las medidas preventivas, pero al fin regresar…
AHORA bien, si en países con una calidad de servicios públicos mucho más solvente y preparada, hubo regresos a las actividades e inmediatamente hubo rebrotes, quién sabe qué escenario le deparará a San Luis Potosí y a la Huasteca potosina que, prácticamente no dejó de tener movilidad social, aumentando dramáticamente el número de infectados de dos semanas para acá, tanto en Ciudad Valles, como en Tamazunchale…
AHORA bien: las acusaciones de los Ciudadanos Observando y la obsesiva manera de ser de Lupillo González, que piensa poner denuncias penales por fraude contra la secretaria de Salud y su dependencia, ya que calcula que hubo alrededor de 200 millones de pesos de contratos turbios a empresas fantasma, la atención de la secretaria Mónica Liliana Rangel se distraerá irremediablemente y el Covid-19 quizá siga siendo el tema principal, pero no se puede tapar el sol con un dedo y muchas cosas irán saliendo, aunque el día de hoy, Rangel haya salido a dar una rueda de prensa en la que daba pormenores de contratos hechos con Gabriel Alan Salazar Soto por hasta 60 millones de pesos, aunque con la salvedad de que los entes auditores estaban revisando esas contrataciones que se regían bajo el imperio de la ley…
PERO, a ver, Salazar Soto ha sido proveedor de la Secretaría de Salud y apoderado legal de otras empresas de servicios que han servido a la dependencia y al mismo tiempo es el representante de una empresa, Invercorp que habría defraudado millones de pesos a muchos potosinos que están reclamando a voz en cuello que se les paguen las utilidades de sus inversiones o que, ya mínimo que se les regresen sus capitales, puestos en manos de Salazar Soto, a través del grupo Infinite, aunque lo único infinito es el bolsillo negro de este empresario…
VAMOS a suponer que Mónica Liliana Rangel y la Auditoría estatal o federal tienen razón y los contratos con el empresario turbio está en regla, de cualquier forma, ¿qué hace la Secretaría de Salud manteniendo relaciones comerciales y de proveeduría con esa chusma? Algo como que está podrido en todo esto.
