[EFE]
México.- El órgano de transparencia mexicano ordenó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) dar a conocer la versión pública de la investigación sobre el caso de la matanza de Tlatlaya, ocurrida en 2014, por tratarse de un caso con “violaciones graves a los derechos humanos”.
Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la PGR a reservar menos datos sobre el caso en que 22 civiles murieron a manos de los militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
El comisionado Joel Salas explicó que una particular solicitó las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.
En respuesta, la PGR puso a disposición la versión pública de la averiguación previa del caso, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH, pero señaló que en dicha versión se reservaría la información de personal sustantivo de la Procuraduría debido a que la información es parte de las investigaciones.
Ante la respuesta, la particular presentó enseguida recurso de revisión ante el Inai en contra de la reserva.
En el análisis del caso, llevado a cabo por Salas, “se determinó que no le resultaba aplicable ninguna causal de reserva, toda vez que la averiguación previa y el expediente de seguimiento del caso Tlatlaya es información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos”.
“El Inai debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo (PGR), interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”, explicó Salas.
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido en una bodega de Tlatlaya, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado en contra de los militares.
Dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de siete militares.
Sin embargo, un juez ordenó en octubre del año 2015 liberar a cuatro de los militares que estaban implicados en esa matanza tras haber considerado que la Procuraduría General de la República no había sido muy clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban siendo acusados.
Y en mayo de 2016, un juez federal desestimó elementos de prueba aportados por la Procuraduría y ordenó la liberación de los otros 3 militares.
