[El Universal]
CIUDAD DE MÉXICO.- En las 30 sedes del Poder Judicial de la Federación de todo el país, jueces y magistrados iniciaron el día con un inédito acto de protesta y defensa de la función jurisdiccional y de la independencia judicial.
La convocatoria emitida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF pidió a los juzgadores del país dar lectura a un posicionamiento sobre la problemática social derivada del conflicto por la Ley Federal de Remuneraciones y las iniciativas de Morena.
La invitación no sólo se limitó a los jueces y los magistrados sino que también se agregó en el acto a los agremiados del Sindicato de Trabajadores del PJF y en total participaron alrededor de 1,410 trabajadores.
Según el documento, se pidió a los asistentes vestir de manera formal y sobrio con un listón blanco que la mayoría portaba en el costado izquierdo del saco o de la blusa.
El mensaje fue leído por los coordinadores de circuito, decanos o los titulares que los juzgadores eligieron para ello y en el caso de la Ciudad de México correspondió al magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación, tomar la batuta del acto.
El posicionamiento refiere que las propuestas de reformas al Poder Judicial de la Federación buscan facilitar una “intromisión indebida” en contra de la Judicatura por parte de los otros poderes de la federación, afirmaron los jueces y tambiénlos magistrados.
Que el conflicto entre poderes por la Ley Federal de Remuneraciones no sólo implica la reducción salarial sino una afrenta directa contra la independencia judicial.
“Señalan cantidades excesivas como por ejemplo que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, dijo.
“El componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal.
