Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
SAN LUIS POTOSÍ. Por falta de personal médico calificado –intensivista- y un banco de sangre funcional las 24 horas del día, una mujer embarazada de 24 años de edad falleció en el Hospital General de Rioverde, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Tras acreditarse las omisiones, el organismo local autónomo emitió la Recomendación No. 04/2017 dirigida a Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Con ello, dicha dependencia suma tres documentos recibidos en lo que va de 2018.
De acuerdo con el expediente 1VQU-327/2015, el 23 de septiembre del 2014, la parturienta acudió en distintas ocasiones a control prenatal del citado nosocomio, teniendo como fecha probable de parto el 23 de septiembre.
Sin embargo, el 22 de septiembre comenzó a presentar dolores del parto, por lo que fue internada en el hospital. Según el esposo, después del ingreso no se le informó del estado de salud de su esposa, sino hasta la mañana del 23 de septiembre, que un médico le informó que se encontraba delicada de salud y que tuvieron que extraerle la matriz.
La indagatoria indicó que el cónyuge refirió que su pareja tuvo al bebé, pero presentaba complicaciones requiriendo de una cirugía; más tarde a las 20:30 horas le informaron que su esposa había fallecido.
De acuerdo con la opinión de un perito especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado (CPME), la primera cirugía de cesárea si fue realizada en forma adecuada; la segunda cirugía de histerectomía obstétrica, se tuvo que realizar por complicación de la primera, pero no fue eficaz porque el sangrado persistió con alteraciones de la coagulación y ameritó una tercera cirugía de laparotomía por hemoperitoneo, donde no resistió y falleció.
Según el CPME, las omisiones son previsibles, puesto que la normativa oficial indica “que hospitales que manejen urgencias obstétricas deben contar con infraestructura suficiente para poder ofrecer servicios los 365 días del año, y en caso de no poder resolver alguna complicación, se debe canalizar al paciente al Hospital de Tercer Nivel en forma oportuna”.
La CEDH recomendó a Rangel Martínez: reparación integral del daño y colaborar en la inscripción de los familiares de la occisa en el Registro Estatal de Víctimas; colaborar en el procedimiento administrativo contra los médicos inmiscuidos; que el hospital cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para atender urgencias obstétricas; y capacitar a los médicos en materia de Derechos Humanos.
