(Agencias)
Ciudad de México.- Periodistas mexicanos tapizaron ayer con fotos de su colega Cándido Ríos, asesinado el martes, las escalinatas y la puerta principal del Ministerio del Interior, responsable de un mecanismo especial de protección a la prensa.
Ríos, de 57 años, era corresponsal del “Diario de Acayucan” del estado de Veracruz y fue asesinado junto con otras dos personas en Hueyapan de Ocampo, una localidad situada unos 500 kilómetros al sureste de Ciuad de México.
“Cándido Ríos Vázquez. Periodista supuestamente protegido por esta entidad. Asesinado el 22/08/2017 en Veracruz”, decía una cartulina colocada en la entrada del ministerio, que en México lleva el nombre de Secretaría de Gobernación.
El periodista que había sido amenazado por un ex alcalde años atrás y estaba bajo resguardo de un mecanismo de protección a periodistas y activistas de derechos humanos creado en 2012.
Sin embargo, según un alto funcionario, probablemente fue víctima circunstancial del ataque, que podría haber estado dirigido en realidad a sus acompañantes, entre ellos un ex jefe policial de Acayucan, que también murió.
“Todos los indicios apuntan a que el ataque está vinculado con otra persona, no con el periodista”, dijo el martes el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa.
Sin embargo, la familia de Cándido Ríos Vázquez rechaza las versiones oficiales de que la muerte del periodista fue daño colateral, como afirmó Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Exigen que en investigaciones aborden amenazas de muerte enviadas por el ex Alcalde de Hueyapan de Ocampo, quien se incomodaba con sus notas periodísticas. En varias ocasiones, siendo Presidente Municipal, Gaspar Gómez lo mandó golpear, a detener y a encerrar en las mazmorras; la última, lo hicieron caminar sobre espinas y lo dejaron lisiado. “Nunca vi a una autoridad que estuviera en la puerta”, recuerda Hilda, su viuda.
Ella demanda seguridad. “Tengo miedo que me pase lo mismo”, e insiste que su esposo murió producto de su compromiso social de denunciar atropellos cometidos por poderosos, y hacerlos públicos.
