Martín Rodríguez
[Huasteca Hoy]
Alumnos de la escuela primaria José María Pino Suárez, escuela ubicada en las proximidades del aeropuerto Ponciano Arriaga, pero en Soledad de Graciano Sánchez, apoyados con la Fundación Renace, consiguieron un amparo definitivo, donde el juez ordena a las autoridades educativas que reparen la escuela, que quede en condiciones y que los niños tengan acceso al agua y a sanitarios saludables, informó el abogado José Mario de la Garza Marroquín.
Ahora hay escuelas señaladas en catorce entidades federativas, y la nueva mecánica permite empoderar a los alumnos a que a través del amparo se obligue a reparar el daño. La sentencia fue elaborada en un lenguaje que la niña puede entender, donde el tribunal explica con palabras comprensibles qué pasó, cómo fue promovido el amparo y a qué tiene derecho la niña.
La idea es buscar escuelas en comunidades marginadas en malas condiciones, que ellas sean los que demanden y que presenten las demandas de amparo para ir cambiando las escuelas y para visibilizar el problema educativo.
Los niños difícilmente aprenden en salones inadecuados. “Mucho se ha hablado del dinero para la educación, pero cuando vas a las escuelas, es preciso preguntarse en manos de quién queda… afortunadamente el proceso se replicará en muchos lados”.
Explicó que pareciera que las escuelas deberían estar desatendidas, puesto que no se les da dinero para mejorar su infraestructura. “Siento como que estamos acostumbrados a que esto pase y no hagamos nada, y por ello es importante que la ciudadanía haga lo necesario para que las autoridades se vean obligadas a invertir lo necesario en los procesos de reparación y dotación de equipamiento”.
La Juez Octavo de Distrito de San Luis Potosí resolvió a favor de la organización civil Renace San Luis el juicio para proteger a una niña, que estudia en la Escuela Primaria “José María Pino Suárez”, de los derechos que le fueron vulnerados al no contar con una escuela digna.
En abril de 2019, Renace promovió un amparo indirecto para exigir la garantía del derecho a la educación de la menor, debido a que la escuela donde estudia no contaba con los servicios básicos para operar, como baños suficientes e higiénicos, aulas seguras e infraestructura eléctrica.
A más de un año, en el que las autoridades tuvieron que reconstruir la escuela, instalar bebederos y hacer trabajos de limpieza en seguimiento a una orden judicial como medida cautelar, hoy la Juez Octava de Distrito resolvió en definitiva el asunto en el que obliga a las autoridades estatales a garantizar el derecho a la educación de la menor, verificando inmediatamente la calidad de la infraestructura educativa de todos los espacios donde estudia a fin de que nunca se ponga en riesgo su integridad física. También les ordena verificar que los espacios sean suficientes y salubres y que se considere el uso didáctico de las tecnologías de la información.
