Martín Rodríguez
[Huasteca Hoy]
Los 11 organismos empresariales que firmaron el desplegado publicado este domingo en los diarios de mayor circulación de la entidad, pidieron al Congreso del Estado la reconsideración del trato inequitativo para casos donde permanecen impunes fraudes a las arcas públicas y juzgan casos exonerados por derechos humanos, como el motivo de un juicio político.
El vocero de los once organismos empresariales; Manuel Antonio Castanedo de Alba, dijo que los empresarios no están a favor ni en contra del actual presidente municipal de la capital Xavier Nava Palacios, pero si de la crisis institucional en la que han caído los diputados locales por defender algunas posturas políticas y tratar en condiciones de inequidad a quienes consideran que no son parte de su proyecto político.
Comentó que la Asociación de Recursos Humanos AC -Aderhiac-, la Asociacion de Mujeres Empresarias -Amexme-, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios -AMPI-, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación -Canacintra-, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo -Canaco-, la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda -Canadevi-, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados -Canirac-, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción -CMIC-, la Confederación Patronal de la República Mexicana -Coparmex-, Industriales Potosinos A.C y -IPAC- y la Unión de Usuarios de la Zona Industrial -UUZI- reclaman el trato inequitativo de los legisladores de las comisiones legislativas que presiden Mauricio Ramirez Konishi y Rubén Guajardo Barrera, para juzgar casos evidentes de fraude en la administración pública.
Dijo que en el caso de situaciones muy reconocidas de fraude de la administración pública, fueron dictaminadas por la mayoría de los diputados participantes en las sesiones de comisiones legislativas del viernes de manera que pasen desapercibidas, como parte de acciones que no fueron justas.
Recordó que incluso para el caso del juicio político instaurado al presidente municipal de la capital, inclusive la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya había determinado la inexistencia de un hecho violatorio, para una servidora pública cuestionada por hechos relacionados con la mala administración pública desde el ayuntamiento anterior.
