DENTRO de los pendientes que tiene el Gobierno municipal, el costo político principal acaba de suceder: los policías que agredieron a los comerciantes del bulevar Valles 85 y los 4.7 millones de pesos que “alguien” extrajo del banco Banorte (donde están las cuentas del Ayuntamiento) y que sangró dinero federal para pagar a un trabajador que demandó en el 2000 al Ayuntamiento por haber trabajado cuatro meses…
TODO va bien hasta que los acontecimientos dejan de pasar en la esfera de la política y cuando tocan a los ciudadanos. En realidad, nadie sabe, salvo el Ministerio Público que está llevando el caso de la familia de comerciantes quién o quiénes tienen la culpa del desaguisado en el que los usuarios de redes lincharon a los uniformados, pero la mirada no se va contra los encapuchados que maldicen y empujan a los taqueros en los videos de redes, sino al alcalde, que por primera vez está en la posición incómoda de tener que recibir críticas de algo que él no hizo, pero que en el fondo sí hizo…
ÉL no golpeó a nadie, ni andaba buscando camorra contra los taqueros, obviamente, pero sí hizo algo que resultó en la libertad de sus empleados: no vigiló la actuación de sus policías y la forma de comportarse de su director y de sus elementos en la calle, con los ciudadanos…
LAS quejas fueron muchas y siguen siendo muchas de parte de los ciudadanos porque muchos de ellos han sido abusados o han sido interpelados sin motivo alguno por la gente que se encarga de la seguridad y que no mide ni su fuerza ni su forma de dirigirse con quienes pagan impuestos. Aquí nadie es una blanca palomita, y hay ciudadanos intransigentes que denuestan y ultrajan a la autoridad, pero los relatos de muchas personas indican que la agresión provino primero de policías que actúan bajo el ejemplo de un abusivo y de una persona que no entiende los derechos humanos…
PERO los policías, al margen del veredicto de las demandas que hay contra ellos y que les puede perjudicar, no serán los sacrificados, sino el político que mejor delegó la responsabilidad de la Municipal a su director de la DAPAS, basándose en la experiencia del papá de éste, el empresario Antonio Guillén, quien fue un inflexible director de la Municipal hace más de dos décadas, como el mismo Adrián Esper lo dijo a los medios el 21 de noviembre durante una gira de trabajo, junto al Gobernador Juan Manuel Carreras López…
ESE fue el error de Esper Cárdenas. No delegar a Marco Antonio Guillén que se hiciera cargo de cuestiones de la policía, sino en no estar al pendiente del actuar de la corporación que está a su cargo. La reparación del daño puede efectuarse, a través del contacto con las supuestas víctimas y de comenzar a vigilar a sus policías, pero las redes estarán prestas a descalificar cualquier viso de abuso policiaco y eso afectará mucho la carrera política del actual alcalde, así como afectó a Jorge Terán el caso del niño al que literalmente pulverizaron a golpes sus huesos una sarta de “Talibanes” que también andaban como “Juan por su casa” en el municipio, haciendo lo que querían y pisando la ley con sus botas pagadas por el FORTASEG.
