FUE tan álgido el cabildeo del director de DAPAS, Marco Antonio Guillén Rivera en la Comisión del Congreso del estado para aprobar el aumento, que es casi un hecho que se aprobará en el pleno, o sea que el mínimo de agua andará en los 93 pesos, de acuerdo con el 15 por ciento pedido de aumento.
Y ahora resulta que el alcalde asume un papel de persona ajena a ese cabildeo, a una negociación encabezada precisamente por la persona que él eligió para ser su sucesor, todo esto para fingir obviamente que, haya pasado lo que haya pasado, el presidente municipal no estaba enterado de ese aumento.
ES una capacidad del alcalde para zafarse de los temas que por supuesto le competen, echando encima de sus subordinados la responsabilidad de las medidas poco populares, aunque se sabe de plano que él es uno de los que está detrás de esa petición de aumento y que nadie puede aprobar nada que vaya al Congreso que no sea él, pero usa la maniobra sagaz de parecer preocupado y de hacer planes a futuro para que el aumento sea paulatino y no afecte a los ciudadanos, cosa que por supuesto, por ley, no se puede hacer.
CON la negativa del Gobierno del estado de asignar recursos en el Presupuesto del 2020 para el Sistema Estatal Anticorrupción, la cosa se complica un poco más, porque justo en un par de días, miembros de este sistema están citados a rendir declaración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de resolver el amparo que se promovió en Valles, luego en un Tribunal Colegiado de San Luis y que terminó en la máxima tribuna, por la acción del Ejecutivo de no ceder partida presupuestal al Sistema, como se ha hecho en otras entidades.
SE complica porque si la SCJN resuelve a favor del SEA entonces el Gobierno tendría que pagar la petición de presupuesto que se hizo en el 2018 para el 2019 de 30 millones y con la jurisprudencia que se crearía, tendrían entonces que abonar 30 millones del año que está acabando y otros 30 millones para el año que entra.
LA falta de coincidencia entre el Ejecutivo y los que fueron elegidos por vía legislativa como los miembros del SEA da mucho de qué pensar, porque aparte de la obvia intención del Gobierno de no tener que estar lidiando con ciudadanos que estarían observando desde diferentes ángulos las maniobras y los manejos de recursos que suelen ser como los imaginan muchos, pero también está la animadversión que se le ha tomado a algunos miembros, como el caso de Jesús Sierra Acuña, quien ha sido el más vehemente de quienes conforman ese grupo.
LO más grave es que conformar el SEA y darle recursos es una obligación de ley y se debe hacer, pero lo que causa extrañeza es que ni siquiera se haya tenido tantita voluntad de hacer acuerdos políticos para acabar con el asunto de una buena vez. Eso preocupa, la incapacidad para negociar.
