El Universal
El gobierno de México determinó dónde ubicará a los primeros elementos de la Guardia Nacional, cuando estén listos en tres meses. Serán desplegados gradualmente en 150 de las 266 regiones territoriales en las que se dividió el país para enfrentar la crisis de inseguridad.
Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Manzanillo, Cajeme, Monterrey, Coatzacoalcos, Reynosa, Ecatepec, Lagos de Moreno, Guadalajara, Culiacán, Ciudad Cuauhtémoc, Salamanca, Irapuato, Celaya, Uriangato, Tlajomulco, Chilpancingo y Nuevo Laredo son parte de las ciudades prioritarias debido a los altos índices de violencia que enfrentan.
Otros municipios a los que se enviará a los uniformados son Los Cabos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlajomulco, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Mazatlán, Hermosillo, Matamoros, Reynosa, Chilapa, Zihuatanejo, Iguala y Tepic.
Desde febrero pasado operan 6 mil 643 elementos de las policías Militar, Naval y Federal en 13 de 21 regiones etiquetadas como focos rojos. Las autoridades federales estiman un estado de fuerza de 80 mil guardias en este año (35 mil militares, 8 mil marinos, 21 mil 170 reclutas y 18 mil policías federales). Además, prevén solicitar asesoría al gobierno de Canadá, que cuenta con una Guardia Civil, para fortalecer las tareas de seguridad del nuevo cuerpo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cada tres o cuatro meses se desplegarán bloques de elementos para ir cubriendo las zonas hasta llegar a las 150 en una primera etapa. En las de alta incidencia delictiva serán enviados grupos de 600 efectivos, en las de nivel medio, 450, y en las de nivel bajo, 300, según el plan de acción de la SSPC.
Este domingo, organizaciones de la sociedad civil hicieron pública una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que acusan que la Guardia Nacional se está convirtiendo en un instrumento de militarización de facto.
Dice la carta: “De confirmarse que el reclutamiento, la capacitación y la operación de la guardia estarán a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas, lo único civil de la guardia será su disfraz administrativo.
“Sería una militarización que no se atreve a decir su nombre, una simulación y una traición al sentido de la reforma que aprobó el Congreso. Sería, además, un atentado contra el proyecto de un país democrático que fortalece el Estado de derecho y que coloca la defensa de los derechos humanos como la máxima prioridad”, indica la misiva.
Organizaciones advierten de militarización
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil y colectivos expresaron su preocupación de que la Guardia Nacional se convierta una corporación militar, si se confirma que el reclutamiento, capacitación y operación estará a cargo de las Fuerzas Armadas.
A través de un comunicado, Causa en Común A.C, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México Evalúa, México Unidos contra la Delincuencia, entre otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG) advirtieron que, de concretarse esta ruta, lo “único civil de esta guardia será su disfraz administrativo”.
Consideran que las señales enviadas por el gobierno van contra lo que se votó en el Congreso de la Unión para que la Guardia Nacional sea una institución civil.
Las organizaciones y colectivos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su promesa y que “ya no insista en militarizar al país, construya una guardia verdaderamente civil, no destruya a la Policía Federal y promueva el desarrollo de nuestras policías locales”.
Afirmaron que el acuerdo político de partidos y la reforma constitucional determinaron que se otorgarían, temporalmente, facultades en seguridad pública a las Fuerzas Armadas, pero que la guardia sería una institución civil. Además, acusan que las señales enviadas por el gobierno federal van hacia la construcción de una corporación militar.
“Estaría, desde luego, a tono con la estigmatización que el presidente ha hecho de las policías, con la reducción de los presupuestos para el desarrollo policial, con las nuevas facultades policiales a las Fuerzas Armadas y con la subordinación de cuerpos policiales a mandos militares que está teniendo lugar en distintas partes del país”, expresan.
Las ONGs aseguran que “sería una militarización que no se atreve a decir su nombre, una simulación y una traición al sentido de la reforma que aprobó el Congreso. Sería, además, un atentado contra el proyecto de un país democrático que fortalece el Estado de derecho y que coloca la defensa de los derechos humanos como la máxima prioridad”.
Insisten en que las estructuras militares no han servido, ni servirán, para atender situaciones de inseguridad pública.
