Redacción
[Huasteca Hoy]
CIUDAD VALLES.- Sentenciaron a 20 años de prisión a los dos hombres que “levantaron” y ejecutaron a balazos a un exmilitar que residía en el centro poblacional Pujal Coy del municipio de Ébano.
Luis Ángel de 29 años de edad, alias “El Gorila”, con domicilio en el ejido La Reforma, quien presuntamente lideró una célula del crimen organizado, y uno de sus vasallos que se llama Sergio de 39 años de edad, vecino del ejido Ruiz Cortines del Nuevo Centro Poblacional, Tampaón en el municipio de Ébano, fueron sentenciados a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
Fue la madrugada del 28 de noviembre de 2016, cuando un comando armado llegó al centro poblacional Pujal Coy, y sacó por la fuerza de su casa a Óscar Maldonado conocido con el mote de “El Guacho”, porque era un exmilitar, llevándoselo con rumbo a la carretera Valles-Tampico.
Al amanecer los vecinos del sector lo hallaron muerto, estaba tirado sobre el camino de terracería a unos 300 metros de la carretera federal, y tenía siete heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Los elementos de la Policía Ministerial del Estado iniciaron las investigaciones, meses después identificaron a los responsables y solicitaron órdenes de aprehensión, logrando la captura del líder de la banda el 30 de octubre de 2017.
Posteriormente el 6 de diciembre capturaron a Sergio, y el juez de control validó las dos detenciones además los vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa.
El 24 de agosto de 2018 empezó el juicio, y en los días posteriores se presentaron pruebas y testimoniales. La defensa de los imputados alegó que sus clientes eran inocentes e incluso presentaron testigos que los ubicaban en otros lugares el día del crimen.
Fue hasta el pasado lunes cuando el Juez emitió un veredicto, fallando a favor de la Fiscalía General de San Luis Potosí, pues encontró a los indiciados culpables por el delito de homicidio calificado.
Fueron condenados a 20 años de prisión, pero además deberá pagar cada uno de ellos más de medio millón de pesos (328 mil por sanción pecuniaria, y 226 mil de reparación del daño).
