(EFE)
Manila, Filipinas.- Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas interpusieron una demanda contra el presidente Rodrigo Duterte por “crímenes de lesa humanidad” ante la Corte Penal Internacional (CPI), debido a la “inmunidad” de la que goza el mandatario filipino en los tribunales nacionales.
En paralelo, la Corte Suprema celebró la primera vista oral sobre la apelación de varios senadores de la oposición a la decisión unilateral de Duterte de retirar a Filipinas de la CPI, una sesión que duró cuatro horas y que se reanudará el 4 de septiembre.
El presidente anunció esa decisión el pasado 14 de marzo, un mes después de que el tribunal de La Haya abriera un examen preliminar sobre los abusos cometidos en la guerra antidrogas a raíz de otra demanda contra Duterte interpuesta por un abogado filipino en abril de 2017.
La nueva denuncia, presentada ante la oficina de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, está firmada por seis familiares de víctimas de las “ejecuciones extrajudiciales” en la guerra antinarcóticos y por la organización religiosa Rise Up, que presta asistencia legal a los afectados por la campaña, que se ha cebado con los más pobres.
Los demandantes argumentan que el jefe de Estado es “penalmente responsable” y “susceptible a cumplir condena” por “asesinato” y “actos inhumanos” cometidos en el marco de la guerra antidrogas, según el documento de 50 páginas remitido a Efe por Rise Up.
A pesar de que Duterte ordenara en marzo la salida de Filipinas de la CPI “con efecto inmediato”, los demandantes apuntan que la medida no entra en vigor hasta un año después de su notificación oficial, según el Estatuto de Roma, tratado que creó ese tribunal.
Según cifras oficiales, los dos años de guerra antinarcóticos se han saldado con unos 4.400 muertos en redadas, aunque organizaciones de derechos humanos como Rise Up elevan esa cifra a entre 15.000 y 20.000 asesinatos amparados en el clima de impunidad.
La denuncia señala que las muertes y los pronunciamientos de Duterte que “incitan los asesinatos” son pruebas de “ataques generalizados y sistemáticos contra civiles”, por lo que procede la acusación de crímenes de lesa humanidad.
“Las familias están perdiendo confianza en el sistema de justicia nacional debido a la ausencia de investigaciones genuinas, demoras y negativas en el enjuiciamiento de agentes”, señaló la coordinadora de Rise Up, Rubylin Litao.
