Jueves 25 de Abril de 2024

A la “Fiesta Fantasma”, mano blanda

Jueza acepta devolución del recurso desviado y les concede pagarlos en abonos; también les evita trabajo comunitario

Jaime Hernández

[Huasteca Hoy]

El desvío de 600 mil pesos para el cual ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) mintieron señalando que se destinó al pago de una fiesta que nunca ocurrió y los esfuerzos posteriores por ocultar la malversación cuando fue expuesta públicamente se saldaron, por decisión de la jueza de control Dora Irma Carrizales, con la aceptación de la devolución del recurso mal habido, dejando a los responsables sin otro castigo.

No sólo eso: a los responsables de uno de los casos de corrupción que más se ha documentado en la historia reciente, recibieron la facilidad de pagar una parte del recurso, que con actualizaciones, ascendió a 721 mil 654 pesos, en cuatro parcialidades.

El fallo fue emitido ayer contra ex titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, a los ex funcionarios Abraham Payán y  Fernando Barrera Guillén, además del presunto proveedor que recibió el pago, Benjamín Lozano Canseco.

El desvío fue hecho público por Editora Mival en febrero de 2017, cuando se detectó un cheque por 600 mil pesos para un “festejo navideño”. Al comprobarse que no se realizó, la ASE incurrió en contradicciones y falsedades. Tras ser destituidos, los ex funcionarios y el proveedor fueron denunciados penalmente por la nueva administración de la ASE. La Fiscalía logró llevar a los señalados a proceso, que ayer se resolvió.

La jueza Irma Carrizales aceptó la propuesta de la defensa de los imputados de aceptar la reparación del daño con la devolución del importe objetado, más las actualizaciones.

Además, dio el visto bueno para que se hiciera en pagos, con una exhibición de 350 mil pesos hecha ayer y cinco abonos mensuales posteriores por 74 mil 300 pesos.

También les impuso condiciones como no salir del país y que tengan un empleo estable, con excepción de Martínez Loredo. El Ministerio Público pidió que se les impusiera también trabajo comunitario, pero debido a que Fernando Barrera adujo que era diputado suplente, la jueza no aceptó.

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