Leonel Mora
[Huasteca Hoy]
La Auditoría Superior del Estado (ASE) precisó en un comunicado oficial que, desde la revisión de las cuentas públicas de 2017 le asiste, por ley, la facultad de investigar y solicitar sanciones para los particulares que en su papel de proveedores incurran en faltas graves relacionadas con el desvío de recursos del erario.
“La Ley de Responsabilidades Administrativas vigente incluye un concepto relativo a las faltas cometidas por particulares, que son los actos de personas vinculados con faltas administrativas graves relacionadas con el desvío de recursos”, explicó la auditora Rocío Elizabeth Cervantes Salgado.
Mencionó que entre esas faltas administrativas graves se considera el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias para inducir a la autoridad, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de ex servidores públicos cuyo plazo de prescripción es de siete años.
“La ley nos faculta para solicitar a los particulares, tanto personas físicas como morales, la información que con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas requiera la Auditoría Superior del Estado”, añadió Rocío Cervantes.
Las posibles sanciones para los particulares son impuestas por los tribunales a petición de la ASE y para las personas físicas y morales son tres: Sanción económica; inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, e indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
“Asimismo, las personas morales pueden ser sancionadas también con la suspensión de actividades y disolución de la sociedad respectiva”, concluyó Cervantes Salgado.
En su comunicado, la Auditoría Superior no precisó cuántos particulares se hallan bajo investigación desde el 2017, aunque en entrevistas previas, la titular ha señalado que son alrededor de 80 entre personas físicas y morales.
Tampoco especifica cuántas sanciones se han concretado para ese universo de particulares que permanecen bajo la lupa de la ASE.
