Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
Estranguladas, ahorcadas, sofocadas o ahogadas; quemadas o agredidas con algún objeto punzocortante, son las maneras en como 40 de cada 100 homicidios de mujeres se cometieron durante 2018 en San Luis Potosí, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, hoy 25 de noviembre, la base informativa informa que el año pasado se cometieron 58 homicidios de mujeres, cuya cifra es la más alta que se registra en los últimos 29 años, además, en 2017 la FGE inició 19 carpeta de investigación por feminicidio, pero también reportó que 49 mujeres fallecieron por agresiones intencionales.
Desglosa que, del total de fallecimientos por homicidio de mujeres ocurridas el año pasado, el 43.3% corresponde a mujeres menores de 30 años, cuya proporción es de 43.4% en los hombres.
El Inegi advierte que, de las muertes suscitadas bajo ese delito en la entidad, la tasa más alta se ubica en las de potosinas de 26 años, con 13 homicidios por cada 100 mil mujeres de esa edad.
VIOLENCIA RECRUDECIDA EN SEIS MUNICIPIOS
El 64.9% de las mujeres que habitan en alguno de los seis municipios potosinos con Alerta de Violencia de Género (AVG) ha vivido alguna instancia de violencia sexual a lo largo de sus vidas, revela el Diagnóstico de Tipos y Modalidades de Violencia contra las Mujeres en el Estado, elaborado por el Colegio de San Luis (Colsan), divulgado en enero pasado.
San Luis Potosí, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Tamuín y Ciudad Valles, son las municipalidades que cuenta con la AVG, decretada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Asimismo, la violencia económica y patrimonial fue sufrida por un 50.2%, mientras que la violencia obstétrica fue padecida por el 30.1% de las mujeres que dieron a luz en los últimos tres años.
En relación a los espacios en donde viven la violencia, el 65.3 por ciento lo sufrió en el ámbito de pareja al menos una vez en sus vidas; el 57.2% en el espacio comunitario; el 47.6% en el ámbito familiar, el 42.3% en lo laboral y un 30.1% en el sector escolar.
NIÑEZ ROBADA
El organismo estadístico advierte que las potosinas de 15 a 17 años presentan niveles “muy altos” de violencia emocional y sexual, quienes a su corta edad ya han sido víctimas de abusos de diversa índole.
Un ejemplo de ello, se encuentra documentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la Recomendación No. 08/2019, emitida a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
La investigación revela que un intendente de una primaria localizada la localidad de Tancuime en el municipio de Aquismón, presuntamente violó a una alumna de sexto año, quien resultó embazada y tuvo el producto fetal.
Según la base de datos de la entonces Policía Ministerial del Estado (PME), el imputado tenía antecedente como responsable del delito de homicidio y daño en las cosas en una averiguación previa penal del año 2015, radicada en la misma municipalidad.
De acuerdo con la información existente en el expediente 2VQU-0219/2017, en septiembre de 2016 la niña de 12 años, se quedó en el salón porque le tocó hacer aseo, mientras los profesores se encontraban en una reunión.
Posterior a concluir la actividad, pasó por una bodega de donde salió el trabajador de limpieza, quien la jaló del brazo, la metió a la bodega, la abrazó y de inmediato comenzó a acariciarla y besarla para luego abusarla. La alumna declaró que el ataque le causó dolor, y no gritó por el temor que sentía en ese momento.
Tras la agresión sexual, el presunto violador le dijo que no dijera a nadie lo ocurrido o de lo contrario “les pasaría algo malo”; luego se salió, dejándola sola en dicha sección del complejo escolar.
La investigación describe que la madre de la niña comenzó a notarla un poco distraída y distante, y fue en febrero de 2017 cuando se percató que tenía el vientre más abultado, por lo que, al cuestionarla reveló haber sido violada por el intendente, y se encontraba con 27 semanas y cinco días de embarazo.
DOLOR INCURABLE
De 2015 y hasta mediados de 2019, en San Luis Potosí 719 mujeres menores de 0 a 17 años de edad fueron víctimas de diversos delitos, tales como feminicidio, tráfico de menores o secuestro, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tratados por la Red por los Derechos de la Infancia en México A.C. (Redim).
Los datos desglosan que entre 2015 y hasta abril de 2019, se contabilizaron 49 víctimas de corrupción de menores. A su vez, de 2015 y hasta marzo pasado, se totalizaron 23 homicidios dolosos.
Asimismo, la información compartida por la Redim, describe que entre 2015 y hasta julio de 2019 se registraron 9 feminicidios; 19 homicidios dolosos; 631 lesiones dolosas; 6 secuestros; y 5 casos de tráfico, todos de mujeres menores de 0 a 17 años de edad.
Aunado a ello, el estado tuvo en 2018 una tasa de 16 a 18 nacimientos registrados de madres entre 10 y 17 años por cada mil mujeres, cifra similar a la nacional, establecida en 17.6, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es decir, hubo alumbramientos de niñas de 10 años.
KARLA, LA ESPERANZA DE JUSTICIA
Por unanimidad, el 13 de noviembre pasado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió el amparo 1284/2015 por el caso del Karla Pontigo Lucciotto, presuntamente asesinada el 28 de octubre de 2012 en el bar “Play” de la capital potosina.
Con ello, se determinó reabrir la investigación para que la indagatoria sea tratada como feminicidio, y no como accidente, que fue el curso de la investigación establecida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en ese entonces encabezada por Miguel Ángel García Covarrubias.
El proyecto de sentencia presentado por el magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dejó abierta la puerta para sancionar administrativa y penalmente a las autoridades que participaron en la investigación original.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organización que apoya a la Esperanza Lucciotto, madre de Karla, rememora que la necropsia, practicada el día de los hechos, dictaminó 11 tipos de lesiones exteriores (que individualizadas representan alrededor de 39), entre ellas lesiones en genitales, un ojo, labios y cráneo, así como diversas lesiones punzocortantes.
Recalca que la entonces PGJE -ahora Fiscalía General del Estado (FGE)-, juzgó que Pontigo Lucciotto chocó contra una puerta de cristal y se ocasionó “accidentalmente” dichas lesiones.
“El caso fue consignado como homicidio culposo, a pesar de que debió investigarse como feminicidio, no solo por todas las pruebas que había alrededor de los hechos, sino por la violencia y hostigamiento que ella vivió en el ámbito laboral”, describe.
VOLUNTAD DE SLP PARA RESOLVER
Si las autoridades de San Luis Potosí tienen “buena voluntad” pueden comenzar “desde ya” a realizar gestiones o acatar el cumplimiento de la SCJN, plantea Ana Sandra Salinas Pérez, abogada de la FJEDD.
Para la jurista, las instancias potosinas pueden no ‘darse por enteradas’ -aunque sea un caso del dominio público- hasta no recibir una notificación formal, y “‘entonces tengo la obligación de cumplir’”, pero si la voluntad prevalece puede comenzar “desde ya”.
Describe que el asunto estuvo cuatro años en la SCJN, obteniéndose un pronunciamiento favorable a siete años de la muerte de Karla, cuyo contenido ordena a las autoridades “que es lo que deben de hacer, cuáles son los parámetros que deben seguir”.
Salinas Pérez recalca que en el desarrollo de la indagatoria entre 2012 y 2013, sustentada en un supuesto accidente, diversas autoridades incurrieron en alguna responsabilidad, por lo tanto, el Gobierno del Estado tendrá que investigar dicho actuar de los funcionarios públicos.
“Algo que destaca la sentencia, y que no se había abordado en otras sentencias acá en México, es el tema de cadena de mando. No solamente son responsables los servidores públicos que actúan como primer respondiente o que tienen el primer contacto, sino que ellos están subordinados a alguien más (…) Las autoridades deben investigar y en su caso valorar si es una responsabilidad de índole administrativa o si se acredita, que esas acciones u omisiones fueron constitutivas de delito”, puntualiza.
Expone que la Corte debe realizar un endose, es decir, integrar toda la sentencia para después notificarla a cada una de las instituciones responsables, como la FGE, las judiciales y las que tuvieron participación en el asunto, a excepción de las autoridades de Guanajuato, que también colaboraron en su momento, pero no hicieron un trabajo inadecuado.
“No era necesario que el caso de judicializara. No era necesario que el caso llegará a la Corte y los ministros se tuvieran que pronunciar. La antes Procuraduría ahora Fiscalía General del Estado podía haber hecho y debía, tenía la obligación que desde el día uno en que Karla fue agredida en su lugar de trabajo (…) tenía la obligación de haber iniciado una investigación, primero por las lesiones que presentaba y después por su feminicidio”, sentencia.
