Martín Rodríguez
[Huasteca Hoy]
Juzgados penales liberaron a una mujer detenida desde el 2014 por un delito que no cometió. Además del exceso policial, el sistema de justicia la mantuvo privada de su libertad, a pesar de las irregularidades en el proceso penal.
El presidente de la Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, dijo que es muy frecuente encontrarse con acusaciones de la autoridad sin sustento, en agravio de gente inocente.
“Son casos frecuentes donde hay gente que no tienen acceso a una defensa adecuada, y al final vienen siendo víctimas, pero no hay una política pública para resarcir el daño”.
En mayo, Renace Capítulo San Luis conoció a Erika, una mujer de 33 años de edad, madre soltera de tres hijos (11, 13 y 14 años). En octubre de 2014, mientras ella se encontraba en su domicilio alistando a sus hijos para llevarlos a la escuela, cuando cinco personas armadas ingresaron a su domicilio para detenerla de forma arbitraria junto a su pareja, acusándola por delitos contra la salud.
Para mayo, Erika ya había sido sentenciada a siete años y medio de prisión, en virtud de que durante todo su proceso no tuvo una defensa adecuada que pudiera demostrar su inocencia, por lo que solicitaba el apoyo para continuar con el trámite de un beneficio de su preliberación.
Ahí, Fundación Renace, que preside De la Garza Marroquín, asumió su defensa logrando comprobar su inocencia, para que hoy, después de 4 años 10 meses recluida, recupere su libertad y pueda regresar con su familia.
La única persona que la ayudó con el cuidado y educación de sus hijos todo el tiempo que estuvo en prisión fue su madre de 84 años, quien está en silla de ruedas.
