Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
De 13 indicadores, dos sedes de detención de la FGE y una de la FGR en San Luis Potosí, no cumplen con siete aspectos, entre ellos carecer de línea telefónica, abogado defensor durante las 24 horas todos los días y aspectos del examen médico, reveló el informe especial 1/2019 del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura (MNPT).
De acuerdo con la investigación, los tres centros de detención tienen problemas en el tema del estudio clínico por: falta de capacitación a personal médico en el protocolo de Estambul; signos o síntomas de posible tortura o maltrato ante el Ministerio Público; registro del examen médico; examen médico completo antes y después de la declaración; y resultado del mismo informado a la persona en custodia al abogado o familiar.
Pero la oficina de la FGR, también presenta deficiencias en: registro de llamadas, acceso inmediato a un abogado y privacidad de la entrevista con el litigante.
La investigación sobre los lugares de privación de libertad a cargo de las Fiscalías (o Procuradurías) General de la República (FGR) y General del Estado, elaborado por la CNDH, se realizó entre enero y marzo de 2019.
En el caso potosino, personal del MNPT acudió a las delegaciones de primera en la capital y cuarta en Rioverde de la FGE, así como de la sede delegacional de la FGR.
Según el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 21 detenidos entrevistados 14 dijeron que se les permitió realizar una llamada una vez ingresados a la Agencia del Ministerio Público, mientras que siete respondieron lo contrario.
A su vez, 14 expresaron que sí se les otorgó de manera inmediata, seis dijeron que no y uno no contestó.
En otro apartado, 14 afirmaron que a ellos y su abogado se les permitió acceso a la carpeta de investigación, cuatro no lo tuvieron y tres no desearon responder la pregunta.
En otras respuestas, nueve detenidos señalaron que el lugar tiene condiciones de privacidad, cinco valoraron lo opuesto y siete no respondieron. Todos reconocieron que se les notificó el motivo para detenerlos.
Asimismo, 20 admitieron que durante la detención se les informó sobre sus derechos y obligaciones, y uno dijo lo contrario. De ellos, nueve de forma verbal, ocho escrita y tres ambos, y uno no contestó.
Advirtió que en los tres centros de San Luis Potosí, el derecho a un examen médico de los imputados solo se realiza cuando hay petición oficial del Agente del Ministerio Público.
Al respecto, seis personas comunicaron que se hizo saber del ingreso de médicos particulares, 13 dijeron que no y dos omitieron decir algo.
