Quizá no sea lo más recomendable desde el punto de vista político iniciar otra disputa con el Gobierno del estado, luego de dejar en claro que, con Juan Manuel Carreras López, el alcalde Adrián Esper Cárdenas no tiene buenas migas, pero la cosa parece apuntar a que habrá controversia de nuevo y ni modo, qué hacerle.
Resulta que el alcalde dice que, de las tres hectáreas que ocupan la comandancia de región de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Academia de la Policía y el C-4, una de ellas es de su propiedad y que, a un valor de 150 mil pesos mensuales de renta que no le han pagado por tener el C-4 en ese sitio, multiplicado por 16 años de haber sido donado ese terreno, entonces el adeudo sería de 25 millones de pesos, del Ejecutivo estatal al ciudadano Adrián Esper.
La cosa se entiende así: un particular quiere cobrar la renta nunca pactada (porque se trataba de una donación) y retrasada 16 años al Gobierno para obtener de golpe 25 millones de pesos, con los cuales se podría construir la Ciudad Administrativa Municipal y ha dicho que a las pruebas se remite sobre la posesión de ese terreno de una hectárea que es precisamente de su propiedad.
En el caso de que se atendiera esa exigencia al alcalde, habría que preguntarle en calidad de qué quedarían las direcciones del Municipio, si en donación escriturada o bajo el esquema de renta acumulable, como está pasando actualmente con la Policía Estatal.
No es una idea mala, pero obviamente es una idea que exasperará al primer político del estado potosino, con quien no se lleva nada bien y ha quedado demostrado en más de una ocasión, y, en honor a la verdad, antes de que comiencen los tiempos políticos, enemistarse con el Gobernador puede ser peligroso, ya que la mezcla de recursos que hace un Ayuntamiento con el Gobierno de la entidad más que necesaria es perentoria, porque no existe municipio de mediano crecimiento que no necesite del dinero que se recauda a nivel estatal o federal y que la Secretaría de finanzas recauda.
Un colectivo de varios manifestantes, entre los que estaban el abogado del Sindicato de la DAPAS, José Matilde Hernández Méndez; Ricardo Ballesteros, secretario general del Sindicato Independiente del Ayuntamiento y Erasmo Linares Nájera, uno de los que sacó a gritos a los congresistas en la sesión extraordinaria llevada a cabo en el teatro Manuel José Othón de la UASLP siempre no se le manifestó a Esper Cárdenas a las afueras de la sede del Ayuntamiento, en calle Juárez, que según porque les pidieron que no lo hicieran, por ahora y que les den oportunidad a las autoridades municipales de organizarse para atenderlos.
Una: el Ayuntamiento no ha dado muestras de querer conciliar con ninguno de los arriba mencionados y, dos: nadie se cree que los manifestantes hayan hecho caso a una voz providencial a la que aparentemente le hicieron mucho caso.
