Leticia Nieto
[Huasteca Hoy]
En base a lo estipulado en el artículo 51 de la fracción 1 y II de la Ley de Obras Públicas y el reglamento de la misma en su artículo 48, fracción I, ningún funcionario público, ni sus familiares consanguíneos podrán participar en los concursos de obra pública, como ha sido el caso de la licitación pública nacional No. LO 009000966-56-2019 , consistente en la rehabilitación de la carretera Valles-Tamazunchale y en la que fue beneficiada la empresa propiedad de la familia del delegado de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Jesús Medina Salazar, por lo que la Legislatura federal solicitó hoy por la mañana a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise el caso y lance una nueva licitación.
De acuerdo con el diputado Ricardo del Sol Estrada la licitación consistente en una obra de terracerías y pavimentación con una longitud de 2.51 kilómetros, en el tramo comprendido de Valles-Tamazunchale, se llevó a cabo el pasado 23 de abril con un fallo a favor de la empresa Infraestructura del Golfo, S.A de C.V., propiedad de la familia Medina Salazar, con un monto de 99.4 millones de pesos.
“A todas luces podemos observar un conflicto de intereses de esta conducta entre el actuar de los funcionarios públicos del Gobierno federal SCT, y del Gobierno del estado CEA, que se aparta de lo que estipula la ley en la materia, ahora bien, lo que más nos preocupa y ocupa, es que esta conducta se ha mantenido desde hace tres años, desde el dos mil dieciséis, a la fecha, en que esta empresa se le han otorgado contratos por más de 290 millones de pesos, que esto ocurriera en el Gobierno corrupto de Peña Nieto, era lo normal, lo inadmisible e inaceptable es que se siga actuando de la misma manera en este Gobierno de la ‘Cuarta Transformación’, por lo que solicitamos al titular de la SCT que intervenga de manera urgente para que se revise esta asignación y si se está ante una flagrante violación de la norma legal, se proceda en consecuencia en la cancelación de este concurso y se proceda en contra de los funcionarios públicos, que intervinieron en el mismo, si se acredita que cometieron una conducta ilícita; así como también las denuncias realizadas por constructores de la zona media de nuestro estado, referentes a malos manejos en todos los contratos que la actual dirección de la SCT en San Luis potosí, ha llevado a efecto”.
Reiteró que esta licitación fue una acción ilegal por parte de los responsables de la SCT federal y es preciso que se investigue, pues existen denuncias de conductas recurrentes por parte del delegado de la SCT en San Luis Potosí, por lo que exigen resultados al titular de SCT Javier Jiménez Espriú.
