Leonel Mora
[Huasteca Hoy]
De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la mayoría de mujeres penalizadas por aborto en México es de origen indígena, joven, de condición económica precaria e inmersa en contextos de violencia familiar y/o social, lo cual aplica también para San Luis Potosí.
Karen Luna, representante del citado grupo, precisó que, en el periodo de enero de 2007 a diciembre de 2016, nueve mujeres potosinas fueron formalmente denunciadas por aborto, de las cuales tres fueron a juicio y terminaron sentenciadas, además de que 21 mujeres sufrieron prisión preventiva por el mismo delito.
“No significa esto que las mujeres de otros estratos sociales, incluso altos, no aborten, sino que quizás tienen mayores posibilidades de hacerlo en forma discreta y en clínicas que cuentan con toda la asistencia médica”, aclaró la activista social.
Criticó que en la despenalización del aborto no se ha avanzado mucho en el país, pues la Ciudad de México es la única localidad donde se permite la intervención hasta la décimo segunda semana de embarazo.
Lamentó que, en todos los casos de juicio conocidos, los magistrados dicten sentencia sin apoyarse en más pruebas que la propia confesión que las mujeres aportan a cambio de obtener atención médica urgente.
Concluyó diciendo que, para San Luis Potosí, se busca la misma despenalización que ya está vigente en la capital del país.
