Rubén Pacheco
[Huasteca Hoy]
Mientras que el Frente Estudiantil de Mujeres Universitarias adujo que con la Alerta de Violencia de Género se preveía un cambio favorable, lo cual no sucedió, pues sigue la misma violencia; Urenda Queletzú Navarro Sánchez, investigadora en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, valoró que existen condiciones y datos empíricos que sustentan la solicitud de Alerta de Violencia de Género, solicitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La CEDH anunció que promoverá la ampliación de Alerta de Violencia de Género (AVG) en tres municipios: San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández, y así sumarla a las municipalidades que ya la tienen, es decir, la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Tamazunchale, Tamuín y Ciudad Valles.
Recalcó que la experiencia de la pasada declaratoria para seis municipalidades, deber servir para que la nueva emisión tenga “mucho cuidado” en cómo irán dictadas las medidas del referido protocolo, sobre todo cómo se trabajará en su operación
Es decir, que en verdad haya y se establezcan marcos de coordinación que traduzcan en planificar y establecer rutas críticas de actuación coordinada y eficaz, reiteró la profesora-investigadora.
“Efectivamente en estos municipios de la Zonas Media en los últimos años, y particularmente en los últimos dos, no sólo se ha reportado un incremento de la violencia feminicida que ha redundado en los feminicidios (…) sino que también hay una prevalencia de distintas modalidades y tipos de violencia”, argumentó.
La académica lamentó que la aplicación de la AVG en los seis municipios sólo ha sido un cumplimiento administrativo, pues no han tenido efecto en la disminución de la violencia, hay falta de capacidades institucionales de reacción, carecen de mecanismo de evaluación para determinar si las estrategias fueron las correctas.
“El asesinato de Paola nos vuelve a confirmar que hay una tecnificación de la violencia, y una intentona por despersonalizar a las víctimas de la violencia feminicida. Queda claro que la decapitación no es móvil de la muerte (…) sino que la decapitación envía un mensaje muy claro (…) de la degradación de la dignidad humana de las mujeres”, señaló.
Aparte, Zamira Silva Ramos, integrante del Frente Estudiantil de Mujeres Universitarias (FEMU), exteriorizó que, si bien la AVG ayuda a visibilizar la violencia, así como un posicionamiento de parte del estado, en el cual acepta que existe, se han cometido feminicidios que no son resueltos, o qué se tratan de “suicidios”.
La activista enfatizó que además de persistir la violencia contra las potosinas, continúan las omisiones institucionales y las respuestas carentes de perspectiva de género del funcionariado.
“Se supone sirve para crear rutas críticas para la atención de violencia, pero la realidad es que aún con AVG, hemos visto que los feminicidios siguen ¿De qué nos servirá tener la AVG en los otros municipios si la situación que la activó sigue presente?”, cuestionó.
