Jueves 28 de Marzo de 2024

Anula SCJN la Ley de Seguridad Interior

[EFE] México.- La sociedad civil celebró que la Suprema Corte invalidara la Ley de Seguridad Interior, una de las normas más polémicas del presidente Enrique Peña Nieto, aunque señaló que este logro queda opacado por el plan de seguridad del mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador. Nueve de los once ministros que conforman el pleno […]

[EFE]

México.- La sociedad civil celebró que la Suprema Corte invalidara la Ley de Seguridad Interior, una de las normas más polémicas del presidente Enrique Peña Nieto, aunque señaló que este logro queda opacado por el plan de seguridad del mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador.

Nueve de los once ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor de declarar inconstitucional la norma, promulgada a finales de diciembre del año pasado.

Sin embargo, el plan de seguridad de López Obrador, “viene a oscurecer el muy importante triunfo de la sociedad civil” que se ha dado hoy, dijo a Efe el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre.

Para las organizaciones civiles, esto es una continuación con lo referido en la Ley de Seguridad Interior, que trataba de establecer un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, en las que participan desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

No obstante, Aguirre señaló que el anuncio del presidente electo “se presentó como una posición que está dispuesta todavía a consideración de la sociedad”, y por ello esperan que haya un “debate pausado, abierto y plural” que tenga en cuenta las consideraciones de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior.

Varios de los ministros de la Corte hicieron referencia a que el Congreso mexicano no tiene “competencia” para legislar sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad; asimismo, aludieron a varias fallas en el procedimiento normativo.

El único integrante del pleno de la SCJN que defendió la ley fue Jorge Pardo Rebolledo, ministro responsable del proyecto creado a partir de varias acciones de constitucionalidad interpuestas, y que abogaba por avalar la norma.

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