(EFE)
México. – México registró al menos 2.000 fosas clandestinas entre los años 2006 y 2016 con 2.884 cuerpos de personas asesinadas y sepultadas por el crimen organizado, reveló hoy una investigación periodística independiente basada en datos de fiscalías estatales.
El reportaje “A dónde van los desaparecidos”, en que ha trabajado un grupo de periodistas mexicanos durante casi dos años, señala que el fenómeno de las fosas clandestinas abarca 24 estados del país y uno de cada siete municipios mexicanos.
Tras realizar 200 solicitudes de acceso de información a las fiscalías locales de los 32 estados, los periodistas pudieron confirmar el hallazgo de 1.978 fosas por las autoridades locales, mientras que la Procuraduría General de la República reportó otras 232.
En estos sitios se encontraron al menos 2.884 cuerpos, 324 cráneos y miles de fragmentos óseos, pero solo 1.738 individuos fueron identificados.
El recuento revela que los estados con el mayor número de fosas son Veracruz (332), Tamaulipas (280), Guerrero (216), Chihuahua (194), Sinaloa (139), Zacatecas (138), Jalisco (137), Nuevo León (114), Sonora (86), Michoacán (76) y San Luis Potosí (65).
Las autoridades de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán dijeron no haber encontrado fosas entre 2006 y 2016.
Sin embargo, la investigación sostiene que Yucatán es el único estado en el que no hay ninguna evidencia de que existan fosas, mientras que en el resto sí ha habido reportes por parte de organizaciones civiles o la prensa.
La primera fosa clandestina encontrada en México fue, según la investigación, el 7 de septiembre de 2006 en el municipio de Angahuan, en el occidental estado de Michoacán.
El fenómeno de las fosas ha ido incrementando en paralelo con la guerra militar contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), y desde 2012 el hallazgo de fosas nunca ha descendido de las 200 anuales.
“No sabemos cuántas personas han sido exhumadas de fosas clandestinas porque en ciertas partes del país se incineran los cuerpos y las autoridades no saben a quiénes corresponden. Ese es uno de los primeros desafíos”, relató.
