Verónica Galván
[Huasteca Hoy]
En rueda de prensa, integrantes del Consejo Consultivo y el titular de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA) de Ciudad Valles, denunciaron los excesos en las demandas del Sindicado que encabeza Alejandro Ballesteros Corona.
Además, la directiva analiza la posibilidad de proceder legalmente contra el líder sindical y el gremio a su cargo ya que la huelga que insisten en mantener no es un movimiento validado como tal.
Revelaron que en el pliego petitorio que presentó hace unas semanas y que derivó en una huelga, plantean que a Matilde Hernández Méndez se le aumenten de 15 a 25 mil pesos mensuales su pago por la asesoría legal que presta al gremio.
Ayer por la tarde se reunió el Consejo Consultivo (CC), con su presidente, Juan Carlos Gómez y el director del organismo, Marco Antonio Guillén Rivera, para dar una rueda de prensa, en la que también se dio a conocer que dentro del pliego petitorio piden que de 6 se aumente a 8 las licencias sindicales que a la DAPAS le cuestan actualmente 2 millones 400 mil pesos.
Piden un aumento en aguinaldo a pesar de que ya perciben 75 días de salario por esta prestación además de útiles escolares para todos los sindicalizados. Quieren 10 mil pesos para mantenimiento de dos vehículos por año y 40 litros de gasolina por semana.
Quieren también 40 mil pesos para pagar la comida de su fiesta sindical y 100 mil pesos para regalos y capacitación, además de que los vales de despensa sean en efectivo y no vía electrónica.
A pesar de las observaciones de la ASE en el rubro, quieren que todos los agremiados tengan un 100 por ciento de descuento en el servicio de agua potable.
La huelga no es legal
El abogado Gary Pérez, dio a conocer que la supuesta huelga no es más que un “paro loco” y que el Sindicato engañó al juez federal por lo que podría haber incurrido en un delito.
El sindicato presentó en agosto de 2018 ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje un pliego petitorio y emplazamiento a huelga, pero fue invalidado por la propia Junta luego de que el gremio pidiera que los beneficios se aplicaran sólo a sus agremiados violando los artículos 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Luego el 29 de octubre de 2018 la JLCyA determinó que se debía suspender el procedimiento a huelga y se notificó al Sindicato y a la DAPA.
El 31 de octubre no hubo huelga ni suspensión de labores y hasta un notario público asentó que había personas trabajando en el organismo, lo que quiere decir que el sindicato y su jurídico engañaron al juez federal.
Ahora los trabajadores deberán regresar a sus áreas de trabajo para evitar que se considere la rescisión de su contrato al no estar reconocida como legal dicha huelga.
