(EFE)
Ciudad de México.- La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, subrayó ayer que México tiene asuntos pendientes con estas comunidades, como los vinculados con la tierra y los desplazamientos forzosos, aunque no se ve “voluntad” por parte del Gobierno para solucionarlos.
Tauli-Corpuz presentó su informe preliminar al término de su visita oficial a México, desarrollada desde el 8 de noviembre, y que da seguimiento a la realizada por su predecesor Rodolfo Stavenhagen en 2003.
Resaltó que México tuvo un “papel protagónico” en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras acciones internacionales. Sin embargo, a nivel nacional, este compromiso “no ha quedado reflejado adecuadamente”.
“Hay una falta de voluntad política”, así como una carencia institucional que lleva a no entender adecuadamente los derechos de los pueblos.
La relatora filipina, quien visitó Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero, afirmó que los conflictos relacionados con los derechos de la tierra continúan siendo un “asunto crítico fundamental” sin resolver.
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, la reforma agraria “respondió eficazmente a las demandas de derechos sobre la tierra” y “no es necesaria mayor discusión sobre esta cuestión”. Aún así, Tauli-Corpuz constató que la reforma “no ha sido eficaz para la resolución de disputas sobre la tierra”, y se debería impulsar una respuesta “integral” basada en los actuales estándares internacionales sobre derechos de pueblos indígenas.
Otro problema, el desplazamiento forzado, es “particularmente preocupante y exige una acción urgente por parte del Estado”, ya que los esfuerzos, hasta ahora, son “insuficientes”. Este fenómeno nace de la presencia del crimen organizado, caciques y otros grupos armados que han causado “un clima de violencia, impunidad y desintegración social y cultural”, aseveró la relatora.
Tauli-Corpuz destacó que “en los últimos años ha aumentado la preocupación sobre grandes proyectos promovidos por el Gobierno”, que incluye los mineros, de hidrocarburos.
