(EFE)
Ciudad de México.- México puso hoy en marcha con notables carencias el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) entre críticas políticas al aplazarse el nombramiento del fiscal y los magistrados que combatirán la corrupción que azota al país.
Formada por varias leyes y disposiciones, el SNA quedó hoy completado con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos destinada a castigar los actos de corrupción de funcionarios, pero sin el nombramiento todavía de la figura clave del fiscal anticorrupción.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jacqueline Peschard, precisó que esta ley de Responsabilidades Administrativas resulta importante para el Sistema Anticorrupción, que ya estaba operativo.
La ley que entró hoy en vigor establece la posibilidad de investigar y sancionar a los servidores públicos y a los particulares que incurran en actos graves con el manejo de dinero público y mala operación con los contratos. “Por eso es tan importante”, argumentó.
Peschard dijo que el SNA puede trabajar sin el fiscal porque la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con la facultades para actuar contra estos delitos “aunque tenerlo permitirá que se combatan de manera específica los delitos de corrupción”
“Hemos venido trabajando sin fiscal, la PGR tiene facultades para hacer estas investigaciones, para actuar como fiscal, se puede actuar, lo que falta es tenerlo para atacar los delitos de corrupción”, precisó.
Un grupo de empresarios, organizaciones civiles y académicos mexicanos se unieron para lanzar un frente anticorrupción al considerar que las leyes que integran el SNA resultan insuficientes para enfrentar el flagelo de la corrupción.
Este grupo reclama la designación de un fiscal anticorrupción que sea autónomo a diferencia del que el Senado nombrará ahora y que dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR), además de que su mandato terminará con la actual administración en noviembre de 2018.
En mayo de 2015 se aprobó la reforma constitucional que creó el SNA como un sistema de coordinación encabezado por ciudadanos en favor de ciudadanos combatir la corrupción y las faltas de los funcionarios en todos los niveles de gobierno.
En julio de 2016 el Congreso aprobó las leyes secundarias del SNA como y se designó a un consejo consultivo y el comité de participación ciudadana, con un secretario técnico, esquema que sigue sin operar.
