(SinEmbargo)
Ciudad de México.- La posibilidad de que alguna investigación “sofisticada” en manos del Gobierno de Enrique Peña Nieto avance hasta los tribunales y obtenga sentencia condenatoria es casi nula. Tratándose de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como los que se atribuyen al ex Gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, menos.
Al respecto, datos del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que la Procuraduría General de la República (PGR), que de por sí judicializa casi exclusivamente cuando tiene a alguna persona detenida, es particularmente inútil cuando se trata de avanzar en investigaciones “complejas”.
Delitos como los que infringen la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada o la Ley Electoral, encontró Cidac, entre 2014 y 2016 tuvieron un índice de “judicialización” de cero.
“La cantidad de carpetas que no han sido determinadas es alto, siendo que la mayor parte de los asuntos (88.8 por ciento) son de baja complejidad, por lo que su resolución debería ser más ágil; mientras que los delitos más complejos, como el de la delincuencia organizada, por ejemplo, tienen una frecuencia muy baja”, dice el estudio “Hallazgos 2016”, hecho por el Cidac sobre el primer año de la Reforma al Sistema de Justicia.
“Lo anterior supone que se priorizan delitos que no requieren un nivel de investigación sofisticado y se dejan de lado los que son más exigentes en este aspecto”, agrega el análisis.
Según la ASF, la investigación y persecución de los delitos financieros fueron insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos, ya que de las dos mil 26 averiguaciones en la materia que el Ministerio Público de la Federación recibió durante 2016, despachó el 21.9 por ciento, de las que el 22.1 por ciento fue consignado ante la autoridad judicial y, de éstas, el 3.1 por ciento obtuvo una sentencia judicial, señala la revisión de la ASF a la PGR. Además el 58 por ciento de las carpetas son regresadas por los jueces por estar mal integradas.
